Ricardo Gil. Foto: Nicolás Der Agopián

El presidente de la Jutep dice que no quieren que la “usen” con fines electorales

La “junta anticorrupción” analiza postergar sus fallos sobre denuncias contra políticos hasta después de las elecciones

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Nº2016 - al de Abril de 2019

La comisión investigadora que aprobó la Cámara de Diputados para analizar el financiamiento de las campañas electorales trabajó durante meses y generó varios informes. Oficialismo y oposición apuntaron a los vínculos de sus rivales políticos con empresas privadas y enviaron sus conclusiones a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el Poder Judicial, la Fiscalía y la Corte Electoral. En la Jutep el expediente con miles de hojas llegó el martes 2 y apenas estuvo 24 horas en sus oficinas.

Lo mandaron a la “junta anticorrupción” sin “pedirle nada”, se quejó el presidente del organismo, Ricardo Gil, el jueves 4 durante una conferencia sobre prevención del lavado de activos organizada por la Asociación de Escribanos. Añadió que en ese caso eran otros los que debían encargarse de investigar.

Pero esa no fue una decisión aislada. Desde que la Junta asumió de oficio el caso de Raúl Sendic y cuestionó el uso que el entonces vicepresidente dio a las tarjetas corporativas de Ancap, la “junta anticorrupción” empezó a recibir más denuncias, pero Gil cree que en muchos casos lo que se busca es generar un hecho político y no que se investigue una irregularidad.

Como no quiere que esa práctica se profundice, ha dicho en varias oportunidades que “las denuncias de políticos contra políticos no son prioridad” para su organización. Mucho menos en un año electoral. “En cualquier campaña electoral de la región de los últimos años, el tema corrupción ha sido muy importante”, explicó el martes al auditorio.

La ley establece que la Jutep no puede recibir denuncias contra los candidatos en los tres meses previos a las elecciones, y el organismo evalúa cómo ampliar esa prohibición para que abarque a más acusaciones. Gil informó que “seguramente” extenderá el criterio para desalentar todas las denuncias de “políticos contra políticos y contra candidatos” en campaña. “Las vamos a recibir y nos vamos a expedir el 2 de diciembre, cuando pasen las elecciones”, explicó. “¿Por qué? Porque si no, nos van a usar”.

El mundo cambia

En su intervención, Gil dijo que había que diferenciar la corrupción de la mala gestión. “Si a mí me ponen a dirigir UTE y le va mal, capaz que soy un corrupto y me la llevé para mi casa, pero capaz que es que no me debieran haber tenido que poner ahí y tendrían que haber puesto a un tipo que supiera cosas que tenía que saber”, sostuvo.

Por eso, consideró clave que los gobiernos designen en los directorios a las personas más idóneas para los cargos. Y en ese paquete también incluyó a la Jutep. “Un organismo anticorrupción, que se pretenda que haga las cosas en serio, debería tener una selección de sus directores, que en el caso nuestro no se dio”, relató. “Estuvimos cinco meses para que se aprobara la venia, por otros temas, nadie me preguntó a mí qué iba a hacer en la Jutep, qué ideas tenía sobre corrupción. Nadie me preguntó. Nadie del sistema político, de ningún partido”.

Gil advirtió que “el mundo está cambiando” y que el combate a la corrupción es un tema que pesa cada vez más en las evaluaciones internacionales. “Es algo muy parecido a lo que pasó en el tema lavado”: el mundo “cada vez más va a establecer normas y cada vez más va a verificar que se cumplan”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “está metiendo la cuchara en tema de exigencias y de resultados”, sostuvo. “Se viene un mundo donde las normas anticorrupción van a ser mucho más duras y mucho más exigibles”.  

Para Gil, Uruguay va “a tener problemas” cuando las evaluaciones empiecen a ser más profundas, porque tiene buena normativa, pero pocos resultados.

El titular de la Jutep sostuvo que para combatir la corrupción es cada vez más necesaria la colaboración del sector privado. En Uruguay, dijo, “si le preguntan a la gente quiénes son los corruptos, responden que son los funcionarios públicos y los políticos”. Y se preguntó: “¿Odebrecht no tenía nada que ver? Armó un sistema continental, coimeó en 11 países, compró un banco en una islita, tenía dos pisos para el departamento de coimas. ¿La culpa es solo de los políticos? No, el privado también participa en la corrupción”.

Recuadro de la nota

▪ Un delito que falta y otro “muy chicloso”

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